Al final de la lectura de un texto en el que destacan muchas otras cosas (por ejemplo que el 80% de los jueces y magistrados no duran más de dos años en el lugar que ocupan), uno se pregunta quién gana y quién pierde con esa situación. Si la justicia es al mismo tiempo poder y servicio público, puede que el "poder" se preserve, pero el "servicio" da más bien pena. Y es bastante obvio que ahora, como hace muchos años, la desigualdad de recursos económicos, cognitivos y relacionales sigue situando a una buena parte de la población en una situación de indefensión y de práctica exclusión legal. La fractura legal de buena parte de la población es consentida y admitida por ese conjunto de operadores jurídicos que van más allá de jueces y órganos judiciales, como son los abogados, los fiscales, las instituciones penitenciarias y los propios ciudadanos que usan y abusan (algunos) de sus servicios. Necesitamos una auténtica política pública judicial que aborde en su complejidad e integralidad esa deficiente prestación de un servicio básico para el ejercicio de la ciudadanía. Los sucesivos informes mencionados constatan con meridiana nitidez que la cosa no va bien. Ahora sólo falta que entre todos empujemos para que, de verdad, se haga justicia. Y justicia para todos, no sólo para los que conocen los vericuetos y atajos de la maraña judicial o para aquellos que simplemente pueden pagar a alguien que lo haga por ellos.
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